Obispos mexicanos reiteran compromiso con seguridad y demandan protección

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CIUDAD DE MÉXICO (FiatLux).- La Iglesia Católica de México reiteró su compromiso con las víctimas de la violencia en el país y el respeto a sus derechos humanos, durante la proyección en el auditorio sur del Palacio Legislativo de San Lázaro, del documental “Tragedia y crisol del sacerdocio en México”; proyecto elaborado por el trabajo del sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y el que explora los crímenes contra ministros religiosos en nuestro país desde 1993 a la fecha.

Ante la presencia de la secretaría de la comisión de derechos humanos de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, presentó la agenda de los derechos humanos de la Iglesia en México, en la que destacó que la relación entre la Iglesia católica y la defensa de los derechos humanos no se limita al campo de la reflexión, sino sobre todo en el de la acción, ya que muchos obispos, sacerdotes y laicos se han convertido en sus defensores ante dictaduras e injusticias de la clase gobernante, como son los ejemplos de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, Samuel Ruiz, ex obispo de San Cristóbal de las Casas o monseñor Juan José Gerardi, obispo Auxiliar de Guatemala y promotor de la Oficina de Derechos Humanos de este Arzobispado, asesinado el 26 de abril de 1998.

 

Por tanto, Miranda Guardiola reiteró el llamado del papa Francisco a combatir las numerosas formas de injusticia, que persisten en el mundo: “A los niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo; a aquellos que no tienen acceso a los medios para una vida digna; a quienes están excluidos de la educación adecuada; a quien está injustamente privado de trabajo o forzado a trabajar como esclavo; a quienes están detenidos en condiciones inhumanas, a quienes son sometidos a torturas o a quienes se les niega la oportunidad de redimirse, y a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias”, entre otros.

El también Obispo Auxiliar de Monterrey indicó que el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 (PGP) plantea siete compromisos pastorales para defender los derechos humanos: primero, generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad, para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país; segundo, dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz; tercero, apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas.

Cuarto, recibir, acompañar, defender los derechos e integrar a los migrantes que transiten o deseen permanecer en México; quinto, promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la Iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad; sexto, identificar y acompañar a los grupos vulnerables de la sociedad como mujeres violentadas, indigentes, damnificados, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros, y séptimo, crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas e impulsar la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario.

Miranda Guardiola explicó a los asistentes a la proyección del documental, que estos compromisos pastorales están haciéndose ya operativos en las 95 diócesis del país. Al respecto, el Observatorio Nacional de la CEM tiene registrados 20 centros de derechos humanos operantes en los Estados de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, los cuales forman parte de las 2,466 obras sociales de la Iglesia Católica en México.

Previo a la proyección de su documental, sobre los acontecimientos violentos que sufren los sacerdotes a lo largo del territorio nacional, el director del documental, Omar Sotelo Aguilar, insistió que es evidente que México es de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio, hecho que buscó reflejar con los testimoniales de obispos y misioneros que han padecido ataques principalmente del crimen organizado, aunque también no se descarta que otros intereses se oculten en dichos hechos contra personajes que son reconocidos como de alta influencia entre la población y por tanto, resulten obstáculos para la actividad delictiva en las entidades donde se ubican sus misiones.

Entre otras enrevistas, destacan las de los obispos Raúl Vera López y Salvador Rangel Mendoza quienes han sufrido en carne propia las intimidaciones y ataques, que los han dejado a la deriva y en medio de la guerra entre el Estado y el crimen organizado, así como testimonios de sacerdotes, laicos y religiosos quienes, a pesar del peligro, permanecen en sus comunidades ante la incertidumbre y la poca o nula protección de las fuerzas de seguridad.

Por último, Mons. Carlos Garfias Merlos, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Arzobispo de Morelia, presentó el proyecto de Prevención y Atención de Personas Víctimas de la Violencia, basada en tres líneas de acción: atención y acompañamiento a víctimas de la violencia; capacitación, prevención y dignificación de la persona, y vinculación del impacto social. El programa prevé talleres a los docentes que trabajan con menores de edad, que enseñan valores y a convivir en paz.

Garfias Merlos destacó que ante el actual contexto de violencia “hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan artesanos de paz” y por ello, consideró que se defina a la violencia como un problema de salud pública, lo que implica una visión multidimensional tanto de los sectores públicos y privados, para enfrentarla y erradicarla, así como identificar los principales factores de riesgo.

El objetivo de esta propuesta es que forme parte de la propuesta básica de estudios en el sistema institucional y en todos los demás espacios donde pueda implementarse.

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